El presidente de la República, Santiago Peña, divulgó hoy el decreto por el cual se reglamenta el régimen de indemnizaciones para los exsoldados, expolicías (y sus herederos) que participaron en el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989. Esta gesta derrocó al dictador Alfredo Stroessner, quien sostenido por la ANR y las FF.AA. estuvo en el poder por 35 años.
Según los datos oficiales, alcanzaría a 1.417 personas y demandaría G. 104.224 millones, cuya financiación se desconoce.
Dicha indemnización fue sancionada en el Congreso, pero el Ejecutivo la objetó totalmente el 28 de abril, ante la falta de fondos y el desconocimiento de su alcance. Diputados rechazaron el veto y el Senado hizo lo mismo promulgando la ley automáticamente.
El decreto exige al beneficiado y familiar del fallecido una serie de acreditaciones. También limita el beneficio solo a los que integraron cuarteles y regimientos de 15 unidades específicas.
“El solo hecho de figurar en alguna constancia oficial, en la lista de la remesa durante el periodo que comprende los días 2 y 3 de febrero de 1989, no implica la efectiva participación”, señala el documento.
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