El presidente Santiago Peña promulgó la ley del transporte público, pero enfrenta rechazos sindicales por supuestas violaciones laborales y alertas empresariales sobre demoras en su implementación.
El presidente Santiago Peña encabezó ayer la ceremonia de promulgación de una nueva ley que establece la rectoría del Estado sobre el transporte terrestre y modifica disposiciones de la Ley N° 1590/2000, relacionadas con el servicio público metropolitano de pasajeros. La normativa, presentada bajo el nombre “El bus que viene”, busca regular el sistema para garantizar un servicio esencial, continuo y obligatorio, incluso en situaciones críticas, con énfasis en el cumplimiento de horarios y frecuencias. Entre sus puntos principales se incluyen la expansión del sistema hacia nuevas áreas...
La ley también incorpora medidas como el monitoreo en tiempo real de los buses, sanciones automáticas por incumplimientos, transparencia en la gestión de datos, la inclusión de mujeres como conductoras y la implementación de trasbordos gratuitos.
Peña resaltó que la esencia de la ley radica en la “rectoría” estatal, argumentando que previamente el Estado carecía de control sobre el sistema.
Agregó que la promulgación representa un “paso gigante hacia la modernización” para mejorar la calidad de vida, eficiencia y dignidad de los usuarios, aunque aclaró que no se trata de un mero acto administrativo.
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