No es un anuncio nuevo. La discusión sobre la pena de muerte suele aparecer en Guatemala ante graves hechos de violencia, y especialmente en período electoral. En un reciente acto de graduación de agentes de la Policía, el presidente, Alejandro Giammattei, reabrió el debate tras el asesinato de una niña de siete años en Villa Nueva.
"No seguiremos impasibles ni timoratos”, dijo el mandatario, y anunció que reforzará la lucha contra sicarios y pandillas. "No me temblaría la mano si son llevados y condenados a pena de muerte”, señaló al pedirle al Congreso que tome las medidas para que este castigo vuelva a ser efectivo.
Días después, diputados oficialistas, entre ellos Manuel Conde, candidato presidencial del partido Vamos para las elecciones del próximo 25 de junio, presentaron un proyecto de ley para reactivar la pena capital.
La medida contrasta con la tendencia en el continente: "Excluyendo a algunos países del Caribe de habla inglesa y a los Estados Unidos, es una de las regiones donde la pena de muerte se abolió muy tempranamente, como en Venezuela, o no se aplica hace mucho tiempo”, dice a DW Ingrid Wehr, directora de la oficina regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.
La pena de muerte todavía figura en la Constitución guatemalteca, pero no es posible aplicarla. El Pacto de San José, al que Guatemala adhirió, exige que se permita el derecho a indulto, pero esto es imposible, pues en 2000 el Congreso derogó el reglamento para que los reos lo soliciten. El convenio prohíbe que la pena de muerte sea extendida a delitos que no contemplaba en el momento de adhesión.
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