Desde diciembre del año pasado, El Observador solicitó a la Corte, a través de la Dirección de Transparencia, resultados de auditorías, sanciones a jueces, abogados y funcionarios judiciales por las prescripciones de casos. Además, denuncias penales realizadas. Las solicitudes no fueron respondidas, pese a que la ley obliga y establece un plazo para ello.
-El 27 de diciembre del 2022 se solicitó la lista de los jueces, camaristas, abogados y funcionarios sancionados, específicamente por las causas penales que prescribieron. Ante la falta de respuesta, el pedido se reiteró el 5 de junio 2023. No se proveyó la información.
-El 9 de agosto de 2023 se pidió la denuncia realizada por la directora de Registros Públicos, Lourdes González, sobre el intento de despojo de inmuebles de sus propietarios legítimos a través de procedimientos administrativos municipales, tales como mensuras administrativas, cambios de distritos y reasignaciones de cuentas corrientes y lo que resolvió al respecto el Consejo de Superintendencia de la Corte. Tampoco se respondió.
-Se pidió informe sobre la investigación preliminar a Jueces de Ciudad del Este, donde una auditoría detectó numerosas irregularidades en la tramitación de garantías constitucionales (Hábeas Corpus, amparos). Tampoco la Corte respondió.
-El 17 de agosto pasado, se solicitó el resultado de la auditoría realizada al juzgado de Capiatá a cargo de Norma Salomón, que se inició el 8 de agosto, según había informado la propia Corte, que ahora oculta la conclusión de los auditores.
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