En representación de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exparlamentario Lalo Gomes, el abogado Óscar Tuma presentó una recusación contra el Juez de Garantías Osmar Legal alegando que el magistrado cometió serios errores procedimentales en torno a la orden de allanamiento del domicilio del exdiputado, quien fue abatido durante el operativo. El abogado Tuma recusó al […]
En representación de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exparlamentario Lalo Gomes, el abogado Óscar Tuma presentó una recusación contra el Juez de Garantías Osmar Legal alegando que el magistrado cometió serios errores procedimentales en torno a la orden de allanamiento del domicilio del exdiputado, quien fue abatido durante el operativo.
El abogado Tuma recusó al magistrado en el marco de la causa caratulada como “Eulalio Gomes Batista y otros s/ lavado de activos provenientes del tráfico de drogas peligrosas y otros”, debido a las graves irregularidades observadas en la tramitación de la causa y en los procedimientos ordenados por el Juez Legal, que afectan directamente los derechos fundamentales de su representado, así como por la admisión indebida de una imputación contra una persona fallecida, según se lee en el escrito.
Una de las irregularidades mencionadas en la recusación es el mandamiento de allanamiento emitido por el juzgado a su cargo, ya que presenta serios errores de procedimiento, como ser la dirección del lugar. En la descripción de la dirección a allanar se observa una grave inconsistencia en el uso del idioma oficial. Se menciona «Rua Teniente Herrero…” lo cual resulta inadecuado y contradictorio, dado que la palabra «Rua» pertenece al idioma portugués y se traduce como «calle» en español.
“Este error es particularmente relevante, ya que el uso de un término en un idioma no oficial en un documento de carácter judicial puede llevar a confusiones innecesarias y comprometer la claridad y precisión que se espera de un acto procesal de esta naturaleza. La utilización del término «Rua» en lugar de «Calle», en un documento redactado en español, no solo es un error de formato, sino que también atenta contra la uniformidad lingüística requerida en las actuaciones judiciales” señala Tuma.
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