Con la aprobación del decreto que regula la Ley 7.190/23, Paraguay abre la posibilidad de emitir bonos de carbono para proyectos ambientales, proyectando generar 150,000 empleos en el sector forestal y atraer USD 20 millones en inversión. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria y Comercio presentaron este martes los detalles del decreto […]
Con la aprobación del decreto que regula la Ley 7.190/23, Paraguay abre la posibilidad de emitir bonos de carbono para proyectos ambientales, proyectando generar 150,000 empleos en el sector forestal y atraer USD 20 millones en inversión.
El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria y Comercio presentaron este martes los detalles del decreto que reglamenta la Ley de Créditos de Carbono, una iniciativa diseñada para monetizar los recursos naturales y fomentar proyectos industriales sostenibles en el país. La ley define los bonos de carbono como un instrumento comercializable que asigna una equivalencia por cada tonelada de gases de efecto invernadero que se reduzca, evite o capture, permitiendo que proyectos de reforestación y otras iniciativas ambientales obtengan financiamiento a través del mercado internacional.
Entre los sectores con mayor potencial de crecimiento se destaca el forestal, que se prevé generará hasta 150,000 empleos y atraerá USD 20 millones de inversión en los próximos 10 años. Además, el proyecto hace alusión al gran megaproyecto de la planta de celulosa en Concepción, al que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, calificó como: «Paraguay tiene espacio para cinco Paracels más», subrayando la magnitud de las oportunidades en el sector.
La nueva reglamentación, fruto de un trabajo consensuado entre autoridades y representantes de empresas y gremios, facilitará que los proyectos ambientales emitan créditos de carbono, los cuales serán certificados por organismos internacionales. El ministro de Ambiente, Rolando de Barros, afirmó que «saca la burocracia de toda la redacción; prácticamente las transacciones serán entre privados y entre gobiernos», remarcando que el papel del Gobierno será garantizar la calidad de estos bonos.
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