Acerca de la polémica suscitada por la tarifa eléctrica que se negocia con la empresa británica Atome PLC para la instalación de una planta de hidrógeno verde y fertilizantes ecológicos en Villeta, con una inversión declarada de 665 millones de dólares, el factor que debe primar es únicamente el interés nacional. La compañía manifiesta necesitar un precio fijo de 30 dólares el megavatio/hora durante diez años, por debajo de la tarifa técnica mínima de la ANDE de 44 dólares el MWh, para hacer viable el proyecto. Desde el Gobierno sostienen que el emprendimiento traerá grandes beneficios al país y que el incentivo se justifica. Es posible que así sea, pero hasta el momento no se ha divulgado ningún estudio técnico-económico que lo compruebe y lo certifique.
Como regla, no debería haber subsidios públicos para la actividad económica privada. Si un bien o servicio no se puede producir de manera rentable a precios reales, no corresponde que sea el Estado el que cubra la diferencia, porque ello genera distorsiones en la correcta asignación de recursos en la economía y provoca injustas transferencias de una parte de la población a otra, por lo general de una mayoría a una minoría, amén de ventajas desleales frente a potenciales competidores. La excepción a la regla es la existencia de otros beneficios tangibles o intangibles que compensen con...
Tanto los inversores, representados en Paraguay por el exdirector de Itaipú James Spalding, como altos exponentes del Gobierno, como el ministro de Industria, Marco Riquelme, y el jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, afirman que no se trata de un subsidio. Entre otras consideraciones, subrayan que la futura planta se conectará directamente a la red de 220 kV, con lo cual prácticamente se eliminan las pérdidas de distribución de la ANDE incluidas en el cálculo en su tarifa mínima, estimadas en un 28%. Spalding señaló que está prevista la adecuación de la subestación Buey Rodeo...
Sin embargo, como personas de negocios saben muy bien que no se puede dejar de contemplar el costo de oportunidad, que es lo que el país dejaría de obtener por la energía que se comprometería a largo plazo a ese bajo precio. Como mínimo, el costo de oportunidad es igual a la tarifa de Itaipú, más 12 dólares por MWh que Brasil paga actualmente como compensación por cesión de energía, más la transmisión y las utilidades. En realidad es mucho mayor, porque Paraguay podría obtener un precio de mercado muy superior por sus excedentes energéticos, tanto a nivel interno como regional.
Considerando el costo de oportunidad, como corresponde, difícilmente se pueda sostener que 30 dólares el MWh durante diez años no constituya un subsidio. Resta saber, entonces, si los beneficios asociados al proyecto son suficientemente compensatorios. Se habla principalmente de generación de empleos y sustitución de importaciones, teniendo en cuenta que, como país agropecuario, los productores locales serían los primeros clientes de la fábrica. En cuanto a lo primero, esta no es una industria intensiva en mano de obra, por lo que hay que calcular los empleos indirectos y los temporales...
Leer la nota completa en Diario ABC
