El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que del total de inversiones proyectado para Latinoamérica, 9% corresponde a infraestructura nueva, mientras que el 41% deberá orientarse al mantenimiento y reposición de activos ya existentes, muchos de los cuales se acercan al final de su vida útil. Así, para cerrar la brecha existente y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, se requiere un esfuerzo adicional significativo por parte de los gobiernos de la región.
De acuerdo con cálculos del BID, se estima que es necesario destinar, en promedio, un 2,4% del PIB anual exclusivamente a los sectores de infraestructura (transporte, energía y otras actividades económicas) para alcanzar los niveles deseados.
Sin embargo, y de acuerdo con datos del organismo internacional, el promedio actual de inversión en estos rubros se encuentra muy por debajo de dicha meta. En el último quinquenio disponible, la inversión pública en infraestructura en América Latina y el Caribe alcanzó el 1,3% del producto interno bruto (PIB) e incluso cayó a 1,1% en los años recientes. La situación revela una tendencia preocupante de retroceso en el compromiso regional con el desarrollo de infraestructura básica, especialmente después de 2017, cuando la inversión comenzó a disminuir de manera sostenida.
Las estadísticas también muestran con claridad que el nivel actual de inversión no solo es insuficiente, sino que implica una brecha de aproximadamente 1 punto porcentual del PIB que debe ser cubierto para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que cubran las necesidades de inversión y alcanzar la meta para el 2030.
Esto plantea un dilema para las autoridades fiscales de los países de la región: encontrar espacio presupuestario para aumentar la inversión sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
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