La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), trata desde este lunes varios hechos de violaciones de derechos humanos, entre ellos, un caso de tortura en Paraguay que ocurrió en el año 2000, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la acusación el 20 de noviembre de 2021. Se trata del caso Jorge Luis López Sosa en que la CIDH acusa al Estado paraguayo de ser responsable de la detención ilegal, tortura y violación a las garantías judiciales y a la protección judicial contra López Sosa, que era oficial inspector de policía.
Según reseña de Jorge Luis López, que consta en el expediente, el 18 de mayo de 2000, recibió una llamada de un Comisario Principal para presentarse uniformado en la Comandancia de la Policía Nacional. Se le informó que el gobierno estaba siendo intervenido y que dicha persona asumiría el mando interino de la entidad; se le ordenó ponerse a disposición y acompañar al personal policial para avisar sobre posibles actividades sospechosas.
Al día siguiente, el Comisario dispuso su traslado a la Comisaría 11 Metropolitana, donde fue despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendado los ojos, golpeado e interrogado sobre un intento de golpe de Estado. Días después estuvo detenido en un calabozo de la misma Comisaría, y fue transportado hasta la Infantería de Marina, donde nuevamente le interrogaron con los ojos vendados. Según la parte peticionaria, la detención de la víctima se dio durante un estado de excepción.
La CIDH, que presentó la acusación ante la Corte IDH), hizo el siguiente relato: Esta Comisión notó que Jorge Luis López no accedió a revisiones médicas sino hasta aproximadamente quince días después de su detención, y que, posteriormente, fue visitado por un juez, un médico forense y otras personas. Les manifestó que había sido torturado, pero lo trasladaron tres días al «cuadrilátero» como castigo y se le ofreció dinero para que retirara su denuncia.
En julio de 2000, vía Decreto, fue dado de baja por «faltas graves cometidas en el desempeño de sus funciones» y permaneció detenido hasta diciembre del mismo año, cuando fue liberado con reclusión domiciliaria. En julio del 2000, el Ministerio Público inició una investigación por la denuncia presentada por Jorge López y, casi un año después, acusó a tres agentes por el delito de tortura y solicitó la apertura del juicio. En agosto de 2019, la justicia se pronunció en un juicio oral, el cual concluyó en diciembre con sentencia absolutoria para tres acusados.
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