Paraguay aparece en el Organized Crime Index 2025 como el 4º país más afectado por el crimen organizado en el mundo, solo detrás de Myanmar, Colombia y México. Este dato debería encender todas las alarmas: el país se ha convertido en un modo estratégico para el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, con redes criminales que penetran cárceles, partidos políticos y gobiernos locales.
Como si faltaran confirmaciones a este dato, nos incluimos como el único país en la historia de Occidente con un Fiscal de Lucha contra el Crimen Organizado asesinado fuera de sus fronteras, hablamos por supuesto del Dr. Marcelo Pecci.
La raíz de esta vulnerabilidad está en la economía informal, que abarca más del 60% de los trabajadores y cerca de un tercio del PIB. Lo que para muchos es una salida inmediata frente a la falta de empleo formal, se transforma en un círculo vicioso que debilita al Estado, erosiona las finanzas públicas y perpetúa la precariedad.
Como recuerda Tom Wainwright en “How to Run a Drug Cartel”, los carteles operan como corporaciones: diversifican productos, controlan cadenas de suministro, fijan precios y hasta aplican estrategias de marketing. En Paraguay, esa lógica empresarial se apoya en la informalidad: mercados sin regulación, mano de obra barata y ausencia de trazabilidad. El contrabando de tabaco, la producción de marihuana y el tránsito de cocaína funcionan como “unidades de negocio” que aprovechan vacíos institucionales y fronteras porosas.
Como si fuese poco, el descrédito de las instituciones estatales conlleva una mayor credibilidad en la institucionalidad ofrecida por los carteles. Mientras el estado debe ofrecer protección, pero, sin embargo, la vende como un servicio transable y corrupto, los Carteles que nada deben a la sociedad, ofrecen la brutalidad de su convivencia, pero con réditos prometidos a corto plazo que desplazan a las instituciones constitucionales.
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