El Estado obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 125 millones para la construcción de un metrobús que en dos años y medio no llegó a ser más que un mito. Los vicios del proyecto ocasionaron una millonaria pérdida económica a frentistas y al país una deuda de US$ 50 millones. Actualmente, el proyecto está cancelado y el MOPC ofreció reconstruir el tramo afectado de la ruta Mcal. Estigarribia.
La palabra “metrobús” tiene hoy un sabor amargo para la ciudadanía y se debe a que el proyecto se convirtió en un fracaso, que pudo haber sido evitado, pues las alarmas sobre las deficiencias del proyecto empezaron a sonar desde el primer día, pero la administración del entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, siguió con el plan y lo arrastró hasta su último día de gestión. Para entonces el precio pagado ya era muy alto: la ruta Mcal. Estigarribia destruida y casi sin utilizar por más de dos años, más de 200 negocios cerrados y unos 1.500 empleos desaparecidos.
Para financiar el proyecto, el gobierno de Horacio Cartes había accedido a un préstamo de US$ 47.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2013, además de otro crédito de US$ 78.000.000, más un tercer préstamo de US$ 19.000.000, este último de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID), en 2011.
De los US$ 125 millones del BID, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llegó a pagar alrededor de US$ 23 millones a la contratista Mota Engil. Se utilizaron otros US$ 5 millones en “fiscalización”, US$ 5 millones para “estudios” además de los US$ 19 millones de la OFID, que en total suman más de US$ 50 millones que deberá devolver Paraguay, pese a no tener el metrobús, pues solo terminaron 800 metros del total de 11 km.
Los frentistas afectados por el tramo 3 (Fernando de la Mora y San Lorenzo) protestaron en incontables ocasiones, y al igual que profesionales de la construcción, sostenían que el proyecto era inviable. Más tarde denunciaron también ante la Fiscalía y la Contraloría, pero hasta ahora no hay una sola persona procesada.
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