El 26 de abril de 1973, en Brasilia, Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barboza, cancilleres de los gobiernos militares de Stroessner y Garrastazú Médici, firmaban el controvertido Tratado de Itaipú, que debe revisarse en 2023.
En una suerte de balance, inevitablemente parcial por razones de espacio del pasado de la llamada “Obra del siglo XX”, deben rescatarse algunos hitos, por ejemplo que la entidad binacional se instaló en 1974 con desequilibrantes prerrogativas para Brasil en su administración, como el voto de desempate que el estatuto de entonces concedía al director general brasileño.
También la excluyente titularidad de funcionarios brasileños en las direcciones más relevantes del ente, a pesar de que el Tratado (Art. III) la creó “en igualdad de derechos y obligaciones”.
El recuento no debe ignorar otros capítulos, como el Art. XV del Tratado, que al incluir el valor de la compensación por cesión de energía en el costo del servicio de Itaipú, inventaba la práctica de la “autocompensación” en esta singular relación entre los socios de una empresa, con iguales derechos y obligaciones.
Los insistentes cuestionamientos de la prensa, con ABC Color en la vanguardia, de políticos opositores, estudiantes y sindicalistas independientes desembocaron el 28 de enero de 1986 en la Nota Reversal Nº 4, que descargó el peso de ese inexplicable error sobre las finanzas del exclusivo beneficiario, Eletrobras, sin más rodeos.
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