El Ministerio Público intentó extraer datos de un DVR de circuito cerrado que fue incautado del JEM en el 2017, pero el procedimiento no se pudo realizar porque los agentes no tenían la contraseña para ingresar al aparato.
La etapa de producción de pruebas finalizó ayer con la introducción de las últimas evidencias ofrecidas por las defensas y la Fiscalía, cuyos agentes aseguran que pese a la exclusión de los audios filtrados y divulgados entre noviembre y diciembre de 2017, probarán el tráfico de influencias y la asociación criminal entre el exsenador Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann, el abogado Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto.
Sin embargo, ayer no se pudieron extraer los datos de un DVR (digital video recorder) del circuito cerrado de la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque los fiscales Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme no tenían la contraseña del equipo que fue incautado en diciembre del año 2017.
Ante la imposibilidad de acceder a la información del equipo que se ofreció como prueba de la acusación en contra de los procesados, la fiscala Sussy Riquelme se limitó a resaltar la ubicación de las cámaras del circuito cerrado del JEM. “Acceso principal, recepción, pasillo, pasillo, escalera, Oliva, escalera, pasillo, pasillo”, dijo la agente fiscal.
Además del DVR, en el juicio oral también fueron introducidas como pruebas dos CPU que pertenecían a las computadoras utilizadas por Fernández Lippmann, en su función de secretario de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento, y la que era utilizada en mesa de entrada de la institución.
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