Ni bien se cumple el primer año del gobierno de Santiago Peña, -todavía en etapa embrionaria en cuanto a la cantidad de promesas emitidas en campaña-, ya ha quedado habilitada la larga ruta que nos lleva hasta el 2028, con unas elecciones de medio término, como son las municipales, bastante complicadas por el camino. Complicadas […]
Ni bien se cumple el primer año del gobierno de Santiago Peña, -todavía en etapa embrionaria en cuanto a la cantidad de promesas emitidas en campaña-, ya ha quedado habilitada la larga ruta que nos lleva hasta el 2028, con unas elecciones de medio término, como son las municipales, bastante complicadas por el camino.
Complicadas porque en todo este tiempo la avanzada de la narcopolítica sigue velozmente su curso, con decenas de concejales e incluso intendentes vinculados a ese submundo; entre tanto que las famosas listas abiertas no hicieron más que propiciar el ingreso masivo a los puestos de representación de aquellos que, -justamente-, logran apoyos financieros de cualquier procedencia, aumentado enormemente sus posibilidades de acceder a estos apetecibles cargos.
Con los organismos extrapoder en su peor momento histórico, sobre todo Fiscalía, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y una contraloría controlada por quienes detentan el poder, el panorama político-jurídico no parece demasiado alentador. En realidad, todo parece indicar que estamos empantanados en un escenario en el que nosotros mismos nos metimos y ahora no sabemos como salir.
Incluso el famoso grado de inversión está en riesgo de quedar atascado en otorgar beneficios solo para un sector al que desde luego siempre le va bien en términos generales. Hablamos del sector financiero, al mismo tiempo que también la calificación de Moody’s es útil a las finanzas del país, que lógicamente se ha vuelto más confiable como pagador de sus deudas.
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