Destacan preocupaciones sobre las implicancias legales y operativas de la legislación europea, particularmente en lo referente a la aplicación extraterritorial de normativas internas y su impacto.
Durante una reciente conferencia de prensa, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, abordó las ramificaciones del Pacto Verde de la UE y su Reglamento 1115/2023 sobre Paraguay. Cristaldo destacó preocupaciones sobre las implicancias legales y operativas de esta legislación europea, particularmente en lo referente a la aplicación extraterritorial de normativas internas de la UE y su impacto en el comercio internacional.
Según Cristaldo, el Pacto Verde, implementado a través del Reglamento 1115/2023, plantea desafíos significativos para la economía paraguaya, afectando sectores clave como la agricultura, la industria forestal y la ganadería bovina. Las exigencias de trazabilidad detallada y diligencia debida imponen barreras operativas y financieras, especialmente para pequeños y medianos productores, representando un desafío para el 90% de las fincas del país, muchas de las cuales carecen de títulos de propiedad.
El presidente de la UGP también destacó la falta de consideración por parte de la UE de las realidades socioeconómicas y capacidades respectivas de los países en desarrollo, así como la ausencia de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el Pacto Verde, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y el impacto desproporcionado en estas naciones.
Ante este panorama, Cristaldo señaló la necesidad de claridad en los criterios de evaluación, evitando subjetividades y garantizando la equidad en el tratamiento de datos científicos y procedimientos reconocidos. Advirtió que la aplicación del principio precautorio sin evidencia científica sólida podría generar vulnerabilidades y obstaculizar el desarrollo sostenible de Paraguay.
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