La “Operación Cicatriz” en la Cámara de Diputados sigue en marcha y ahora apunta a despenalizar las declaraciones juradas de bienes falsas de las autoridades electas y los funcionarios públicos. Sin embargo, el Senado será quien tendrá la última palabra.
La Cámara de Diputados analizará el miércoles en sesión ordinaria el proyecto de ley que reglamenta la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades electas y funcionarios públicos.
Cartistas y liberocartistas en pleno en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Trabajo dictaminaron por la ratificación de la versión de Diputados. La bancada oficialista también acompañará al cartismo según fuentes consultadas. Para el efecto sólo se requiere de 41 votos. Sin embargo, la Cámara de Senadores será quien defina la versión a ser sancionada.
La iniciativa fue propuesta por la Contraloría General de la República (CGR) para habilitar a que todas las DD.JJ. sean públicas automáticamente sin necesidad de accionar judicialmente. Aunque diputados del cartismo se hicieron cargo del proyecto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales desvirtuaron la norma.
Modificaron el artículo 14 que elimina la potestad de remitir a Fiscalía General del Estado casos de rectificaciones por omisiones dolosas. Pese a la intención de Diputados, el Senado mantuvo la punibilidad penal de las omisiones las DD.JJ., manteniendo el artículo en controversia de la siguiente manera: “Si surgieran indicios de que la omisión o error fuere con dolo imputable al declarante, la Contraloría General de la República denunciará este hecho al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional competente para el inicio de las investigaciones que correspondan”.
Leer la nota completa en Diario ABC
