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Nueve organizaciones civiles advirtieron al presidente Santiago Peña sobre una posible violación de la Constitución y del Tratado de Itaipú al fijar una tarifa superior al costo del servicio de la entidad binacional.
En un pronunciamiento conjunto, nueve organizaciones del ámbito civil advirtieron al presidente Santiago Peña sobre las potenciales consecuencias de fijar una tarifa superior al costo del servicio de la entidad binacional de Itaipú. Esta decisión constituiría una “gravísima” violación de la Constitución y del Tratado de Itaipú, perpetrada “en directo perjuicio” del sistema eléctrico nacional, de sus usuarios, así como “de la misma soberanía hidroeléctrica”, según afirman.
Las organizaciones explican que, con el monto de referencia de USD 19,28 por kilovatio/mes, la mitad paraguaya de la potencia instalada disponible para contratación demandaría a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un desembolso de USD 1.403 millones anuales, una cifra que califican como “fuera de su alcance”.
En contraste, destacan que si se hubiera aplicado correctamente el Tratado de Itaipú y, por ende, la tarifa fuese de USD 9 por kilovatio/mes, la ANDE hubiera requerido solo USD 655 millones al año para disponer de la mitad paraguaya de la energía generada. Sin embargo, esta posibilidad fue alejada por decisión propia del Gobierno, según denunciaron.
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