Representantes de las organizaciones que prestan el "Servicio de Asistencia Técnica (SAT)" al MUVH, y se llevan millones sin licitación ni competencia, afirmaron que se ajustan a lo que establece la normativa de la cartera, a cargo del ministro Dany Durand. Se refieren a la ley de Fonavis, que permite designar sin concurso a la constructora que levantará las viviendas sociales, esquema cuestionado por diversos gremios.
Carlos Fleitas, representante de las organizaciones sociales, señaló que la Ley N° 3736 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) tiene un enfoque social y su objetivo es abreviar los plazos para disminuir el déficit habitacional en el país. Mencionó que se encargan de elaborar los proyectos de propuestas de viviendas sociales, en todo el país, y son responsables de recabar los documentos necesarios en diferentes instituciones, además de contratar a la constructora en base a una lista de firmas elegibles, disponible en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
“No es un dato menor que se cuenta con pólizas de seguro que el ministerio puede ejecutar en caso del SAT no cumpla, porque es el SAT el que tiene relación contractual con el Estado, no la constructora”, expresó en torno a la designación sin concurso de las firmas responsables de levantar las casas, cuyas transferencias reciben del rubro 800.
Las declaraciones las brindó en conversación con ABC, ante los cuestionamientos de la Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco) y otros gremios como Aprocons y la Mesa Sectorial de la Construcción de UIP, que critican el hecho de que esas construcciones se realizan al margen de la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. De hecho, el 90% de las construcciones de esa cartera las realiza aplicando designaciones, sin oportunidad de libre participación y sin tener los datos disponibles para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de los contratos (no se sabe si la adjudicada cumplió, si no lo...
El ministro Dany Durand dio la palada inicial para las 600 viviendas sociales en el barrio San Blas, pese a que es investigada por Contraloría la adjudicación hecha sin aplicarse la ley de Contrataciones Públicas.
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