Opositores acusan al Gobierno de actuar con arbitrariedad y advierten sobre persecución política tras el cierre de la cadena Biggie.
Distintos sectores de la oposición cuestionaron con dureza la suspensión temporal de todos los locales de la cadena de minimercados Biggie, ordenada por el Gobierno de Santiago Peña. Calificaron la medida como “arbitraria, desmedida y selectiva”, y acusaron al presidente de utilizar el poder para “perseguir a enemigos de turno”.
Una de las voces más críticas fue la de la senadora Esperanza Martínez, quien, a través de la red social X, publicó imágenes que contrastan la sanción impuesta a Biggie con otras situaciones graves que, según señaló, no reciben la misma atención por parte del Estado. Entre las fotos se incluye la explosión en la planta de Ochsi que dejó cuatro trabajadores fallecidos en 2024 y un bus incendiado en estado de abandono.
“La salud, los derechos laborales y de los consumidores deben estar por encima del lucro”, afirmó, cuestionando la falta de coherencia del Gobierno y reclamando la aplicación de procedimientos “claros y responsables”.
Martínez también denunció que el oficialismo favorece a grupos aliados con negocios y contratos, mientras actúa con hostilidad hacia quienes lo critican. Propuso que, si el objetivo fuera realmente proteger a trabajadores y consumidores, se reforzaría el presupuesto de instituciones como el Ministerio de Trabajo, Conacom y Sedeco, “para no dejar impunes a muchos otros infractores”.
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