El nuevo Gobierno afirma que mantendrá la estabilidad macroeconómica y pondrá énfasis en educación, salud, seguridad e inversiones en infraestructura, sin anunciar mayores cambios en las políticas económicas. El contexto externo menos favorable y los altos niveles de pobreza y desigualdad heredados lo obligan a tomar medidas rápidas y creativas para mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables de la población.
MUCHA DEMORA Y POCOS ANUNCIOS. La lentitud en llenar los cargos gerenciales de la administración pública y la falta casi absoluta de anuncios de medidas económicas son hechos llamativos. El presidente asumió el 15 de agosto sin haber completado las designaciones de sus colaboradores y todavía siguen pendientes los nombramientos de autoridades en algunas dependencias. Inexplicablemente, los casi cuatro meses de distancia entre las elecciones y la asunción del mando no fueron tiempo suficiente para conformar los cuadros directivos, definir los proyectos de leyes que el Poder Ejecutivo...
Esa falta de señales claras hace que surjan muchas interrogantes en el ámbito económico. Por ejemplo, ¿qué piensa hacer el Gobierno con las empresas públicas? O ¿cómo planea coordinar las instituciones financieras públicas para promover el desarrollo y contribuir a generar más competencia en el sistema financiero?
Otro tema preocupante es el déficit operativo de la Caja Fiscal de Jubilaciones, donde los saldos negativos de las cajas de los maestros, policías y militares exigen crecientes sacrificios financieros del fisco. También el sistema privado de seguridad social requiere de urgentes reformas para que pueda cumplir satisfactoriamente su doble cometido de la atención de la salud y administración del fondo de pensiones. Tampoco se puede postergar por más tiempo la más efectiva regulación y supervisión del sistema de cooperativas de ahorro y crédito, en cuya gobernanza hay conflictos de intereses.
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