Para OPAMA, aunque los empresarios ejecutan las medidas de fuerza, la responsabilidad mayor recae sobre el Estado. "El Gobierno es
Para OPAMA, aunque los empresarios ejecutan las medidas de fuerza, la responsabilidad mayor recae sobre el Estado. «El Gobierno es el administrador y quien debe regular, controlar y sancionar. Si los empresarios admiten públicamente que hacen reguladas porque el Estado no les paga, es ahí donde el Estado debe mostrar capacidad de sanción, porque la regulada es ilegal», afirmó Yudice.
La vocera recordó que la reciente reforma del transporte establece que el sistema es un servicio imprescindible. Según la ley, incluso en situaciones de paro o huelga, se debe garantizar al menos el 60% de la flota en circulación. Sin embargo, el pasado sábado la ausencia de buses fue total en 40 empresas, obligando a las familias trabajadoras a viajar en camiones militares o perder sus jornales y turnos médicos.
El núcleo del conflicto actual, que involucra una deuda reclamada de 3 millones de dólares, tiene su origen en una discrepancia que arrastra desde 2025. Yudice explicó que el costo del pasaje se define mediante una fórmula, pero que históricamente esta ha sido «política» y no técnica, sujeta a negociaciones a puertas cerradas entre el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (CETRAPAM) y el Viceministerio de Transporte.
«No sabemos qué se negocia porque los pasajeros no tenemos silla en el Consejo de Tarifa Técnica», denunció. Como solución urgente, OPAMA exige la implementación de la Tarifa Técnica Optimizada, diseñada con el asesoramiento de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de Brasil. Según la organización, esta herramienta daría transparencia al uso del dinero público (subsidios) y eliminaría las excusas de los empresarios sobre supuestos pagos insuficientes.
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