El Poder Ejecutivo presentó el jueves último, dentro del paquete de proyectos económicos, una nueva versión del proyecto de Ley de Mercado de Valores y Productos, el cual amplía las atribuciones a la Superintendencia de Valores (SV), dependiente del Banco Central del Paraguay. El artículo que compete a la Superintendencia de Valores se encuentra en el artículo 8, sobre las Atribuciones, entre las cuales se destaca la de conceder o revocar la autorización para operar a las entidades y sujetos supervisados, conforme a las condiciones previstas en esta Ley y las reglamentaciones pertinentes, cuando dicha atribución le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay. La normativa tiene por objeto regular el mercado de valores y productos, y los servicios y actividades de inversión, con el fin de proteger a los inversionistas, promover un mercado equitativo, íntegro, eficiente y transparente, y reducir el riesgo sistémico. a los valores y productos, fondos patrimoniales de inversión, de oferta pública, y patrimonios autónomos de oferta pública que se administren las entidades supervisadas; Se incluyen a las bolsas de valores y productos, cajas de valores, emisores de valores, inversionistas, sociedades administradoras de fondos, patrimoniales de inversión, entre otros.
El Poder Ejecutivo presentó el jueves último, dentro del paquete de proyectos económicos, una nueva versión del proyecto de Ley de Mercado de Valores y Productos, el cual amplía las atribuciones a la Superintendencia de Valores (SV), dependiente del Banco Central del Paraguay.
El artículo que compete a la Superintendencia de Valores se encuentra en el artículo 8, sobre las Atribuciones, entre las cuales se destaca la de conceder o revocar la autorización para operar a las entidades y sujetos supervisados, conforme a las condiciones previstas en esta Ley y las reglamentaciones pertinentes, cuando dicha atribución le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay.
También se le confiere la facultad de autorizar los procesos de fusión, transformación y liquidación de las entidades y sujetos supervisados (casas de bolsa). Además, podrá ordenar la suspensión o el cese inmediato de la oferta pública cuando se presenten indicios de que en las negociaciones objeto de la oferta se ha procedido de forma engañosa o irregular, entre otros motivos.
En el inciso k se determina que la Superintendencia podrá solicitar a un juez competente una orden de allanamiento o auxilio de la fuerza pública para acceder a las oficinas o locales de los supervisados, si estos se niegan a colaborar con la investigación.
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