RTVE.es Buenos Aires.-El nuevo ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, anunció un protocolo para flexibilizar el aborto no punible bajo las causales de violación y riesgo para la vida de la madre y brindar una mayor protección frente a la posible objeción de conciencia de los médicos. En el país se han dado varios casos de niñas -mayores y menores de 13 años- que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su propia familia o con los médicos a cargo, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo. “Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”, declaró González García.
Buenos Aires.-El nuevo ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, anunció un protocolo para flexibilizar el aborto no punible bajo las causales de violación y riesgo para la vida de la madre y brindar una mayor protección frente a la posible objeción de conciencia de los médicos.
Esta medida, de la que se conocerán más detalles el viernes cuando sea publicada en el Boletín Oficial, pretende ser una “guía de procedimiento que tenga el respaldo de todos los profesionales que están cumpliendo con la ley”, que según González García sufrían “una cierta intimidación” por la confusión que generaba el protocolo anterior.
Pese a que la interrupción del embarazo es legal en Argentina si hay riesgo de vida para la madre o ha sido producto de una violación, los médicos del país pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar el aborto. En el país se han dado varios casos de niñas -mayores y menores de 13 años- que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su propia familia o con los médicos a cargo, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo.
Por ello, esta nueva iniciativa, aunque respeta el derecho individual a no realizar el aborto, determina que a nivel institucional se tiene que dar una respuesta sanitaria. “Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”, declaró González García.
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