El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, dejó sin espacio físico en la zona aledaña al futuro puente del Corredor Bioceánico, a dos instituciones públicas: la Administración Nacional de Navegación y Puertos y la Dirección Nacional de Aduanas, hoy dependencia de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Seguidamente, 60 hectáreas fueron vendidas por la actual administración del Indert a Marlene Araceli Oviedo y 29 a Adolfo Gabriel Ehreke, a precios 244 veces inferiores a los vigentes en el mercado inmobiliario (!). La exasesora jurídica del Indert, Carolina Pacce, reveló que había sugerido al presidente priorizar a las entidades públicas y actualizar la escala de precios, que data de 2013, dado el notorio aumento de los mismos. En su opinión, las adjudicaciones pueden ser anuladas, por no haberse seguido el procedimiento previsto en el Estatuto Agrario.
Nuevo escándalo muestra que el Indert es un antro de corrupción
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, dejó sin espacio físico en la zona aledaña al futuro puente del Corredor Bioceánico a dos instituciones públicas: la Administración Nacional de Navegación y Puertos y la Dirección Nacional de Aduanas, hoy dependencia de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Seguidamente, sesenta hectáreas fueron vendidas por la actual administración del Indert a Marlene Araceli Oviedo y veintinueve a Adolfo Gabriel Ehreke, a precios 244 veces inferiores a los vigentes en el mercado inmobiliario (!).
El último 13 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas emplazó al Indert por veinticuatro horas a que presente un “informe pormenorizado” sobre el segundo caso, cuyo contenido se ignora, suponiendo que haya sido brindado. Días después, el diputado Miguel Martínez (hoy PLRA) entregó un proyecto de declaración sobre la necesaria “transparencia” de las adjudicaciones de tierras fiscales, “especialmente en zonas estratégicas vinculadas al Corredor Bioceánico”. Además, anunció que pedirá que una comisión especial de la Cámara que integra se ponga a investigar lo ocurrido. Sin embargo,...
Por su parte, la exasesora jurídica del Indert, Carolina Pacce, reveló que había sugerido al presidente priorizar a las entidades públicas y actualizar la escala de precios, que data de 2013, dado el notorio aumento de los mismos. En su opinión, las adjudicaciones pueden ser anuladas, por no haberse seguido el procedimiento previsto en el Estatuto Agrario. En realidad, se debería ir más lejos y recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión o con multa a quien, siendo responsable de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero, en este caso el Estado, lo...
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