El abogado Guillermo Ferreiro calificó que la disposición de intervenir los juzgados de Paz de la capital es una “medida tibia” ante el escándalo y denunció complicidad de la Corte en el esquema.
Además de disponer la auditoría de los juzgados de Paz de la Catedral 1º y 2º turnos; San Roque y La Encarnación, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrado por los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, pidió a la Contraloría General de la República que haga el estudio de correspondencia de bienes de nueve jueces de Paz de Asunción. Se trata de los jueces Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta...
La decisión fue adoptada luego de las publicaciones periodísticas que dejaron al descubierto un esquema corrupto de doble cobro conocido como la mafia de los pagarés, que ejecutaba pagarés ya cancelados para promover vía judicial el embargo de salarios de trabajadores y el cobro reiterativo de una deuda ya finiquitada años anteriores.
Por Resolución Nº 1739, del 2 de diciembre, el Consejo de Superintendencia argumentó que tomó la decisión de disponer la auditoría de reacción inmediata “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, los ministros dispusieron que, como medida de control, corresponde remitir a la Contraloría la nómina de los jueces de Paz de la capital, así como la nómina de funcionarios de los juzgados, a los efectos de realizar un examen de correspondencia de bienes.
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