Una situación compleja y dolorosa que tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad han comenzado a normalizar y ver con indiferencia es el caso de los indígenas que llegan con sus reclamos a la capital. Desde hace décadas, las ciudades han visto llegar a miembros de comunidades indígenas buscando soluciones a sus reclamos; Tristemente, sin embargo, no todos regresan a la vida en sus comunidades, y lo más preocupante es que quienes se quedan acaban siendo explotados, particularmente cuando son niños y niñas, quienes no solamente son condenados a una vida de desarraigo, sino también a una que supone el peligro de las drogas y todo tipo de abusos, marginalidad, mendicidad, prostitución, el desamparo, la violencia y, sobre todo, el rechazo social. Resulta absolutamente inaceptable que las instituciones del Estado, todas las que están involucradas en el tema y deberían plantear las soluciones, permitan que los indígenas sigan sobreviviendo en condiciones inhumanas. El Estado paraguayo tiene la obligación de atender los reclamos de los pueblos originarios y no solamente aplazar su tratamiento.
Una situación compleja y dolorosa que tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad han comenzado a normalizar y ver con indiferencia es el caso de los indígenas que llegan con sus reclamos a la capital. Al no recibir respuestas, terminan deambulando por las calles. Lamentablemente, estas penosas imágenes ya forman parte del paisaje, al igual que las protestas que realizan los indígenas cuando cierran avenidas. En lugar de encontrar soluciones de parte de las autoridades, solo reciben indignación y repudio de la población.
Una de las grandes novedades incorporadas en la Constitución Nacional en el año 1992 fue el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En un total de seis artículos, el Estado paraguayo por fin había reconocido la existencia y derechos de los pueblos, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. La Carta Magna garantiza su derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat; derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo...
Desde hace décadas, las ciudades han visto llegar a miembros de comunidades indígenas buscando soluciones a sus reclamos; por lo general, centrados en reclamos por tierras y asistencia. Al no hallar las soluciones, han comenzado a quedarse, lo que implica malvivir sobreviviendo en las calles de las grandes ciudades. Esta vida en la miseria y en medio de tantos peligros, definitivamente, nada tiene que ver con aquellos elevados derechos consagrados en la Constitución.
Ya es común y totalmente normalizado verlos deambular por las calles, bajo el candente sol, sin protección y en medio de la inseguridad. Esta es una imagen desgarradora de seres humanos olvidados, pero aún más inquietante es que estos mismos seres humanos ya no conmueven a una sociedad que ha ido normalizando su presencia y que los percibe solo como una molestia. Acostumbran a llegar en grupos hasta la capital, con reivindicaciones al ser desplazados de sus territorios invadidos por productores poderosos; se concentran frente al local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), donde...
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