El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los ciudadanos. La Corte no puede poner excusa para no publicar las auditorías sobre la gestión de los jueces. Ocultar es un encubrimiento a los magistrados que actúan al margen de la ley. Esperemos que en 2023 los ministros estén al lado de la transparencia.
Estas son las pruebas que sustentan el ocultamiento de la Corte:
Desde diciembre del año pasado, El Observador solicitó a la Corte, a través de la Dirección de Transparencia, resultados de auditorías, sanciones a jueces, abogados y funcionarios judiciales por las prescripciones de casos. Además, denuncias penales realizadas. Las solicitudes no fueron respondidas, pese a que la ley obliga y establece un plazo para ello.
-El 27 de diciembre del 2022 se solicitó la lista de los jueces, camaristas, abogados y funcionarios sancionados, específicamente por las causas penales que prescribieron. Ante la falta de respuesta, el pedido se reiteró el 5 de junio 2023. No se proveyó la información.
-El 9 de agosto de 2023 se pidió la denuncia realizada por la directora de Registros Públicos, Lourdes González, sobre el intento de despojo de inmuebles de sus propietarios legítimos a través de procedimientos administrativos municipales, tales como mensuras administrativas, cambios de distritos y reasignaciones de cuentas corrientes y lo que resolvió al respecto el Consejo de Superintendencia de la Corte. Tampoco se respondió.
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