“No es admisible la acción penal para proteger el honor del funcionario público”, dice titular de la CIDH - Política - ABC Color

-En el siempre tenemos alguna esperanza con la Comisión Interamericana, con la Corte. -De hecho, la Corte tiene un caso emblemático relacionado con la prensa paraguaya que es el caso (Santiago) Leguizamón. En esas dos sentencias, la Corte reitera y profundiza su jurisprudencia en el sentido de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como hay derechos absolutos, pero sí es un derecho esencial que tiene una sociedad democrática. La Corte ha determinado en esa sentencia Álvarez Ramos que no resiste el requisito de proporcionalidad la respuesta penal cuando se ejerce contra periodistas, contra personas que hacen ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Entonces, la Corte allí ratificó que no es la acción penal la vía adecuada porque además, en este caso se aplicó por una parte una acción penal consistente en días de prisión y por otra parte, una multa al periodista y al medio que superaba los 40 millones de dólares, con lo cual eso determinaba el cierre del diario. Esto se revirtió en parte porque el presidente Correa desistió de los derechos que para él emanaban de esta sentencia, pero la Corte declaró que como había hecho en Álvarez Ramos que el recurso de la vía penal por un funcionario público era en contrario a la Convención, por lo tanto era violatorio de los derechos humanos. Pero además, ahí la Corte introduce por primera vez en su jurisprudencia, en el caso Palacios Urrutia, el concepto de SLAPP (el acoso judicial o litigioso dirigido a cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación). Este año o a principios del próximo, la Corte va a dictar una sentencia donde se va a seguir trabajando en estos criterios, pero de principio, al día de hoy, el estádar es que un funcionario público no puede, no debe, utilizar la vía penal en defensa de su honor sino que debe acudir a otro tipo de requisito... A raíz de ese caso, Argentina tuvo que modificar la forma de legislar los delitos contra el honor porque ahí la Corte empezó a decir que esos delitos eran inconvencionales. Lo importante es esto, que estos estándares de la Corte pueden ser invocados más allá de que sean dictados en sentencias que no involucren en países específicos pero que pueden ser citados e invocados ante los jueces nacionales por la vía del control de convencionalidad solicitándole que efectúen el control de convencionalidad en el caso concreto. Por supuesto, no es lo deseable pero en caso de agotarse la vía interna y no encontrar un reconocimiento a los derechos del periodista, la persona perjudicada en su libertad de expresión, se podría recurrir ante el sistema interamericano, primero a la comisión y después en la Corte para lograr una sentencia que haga respetar los estándares de la Corte. ...[Leer más]