El 13 de agosto de 2023, dentro de dos años, cinco meses y seis días, Itaipú bate un nuevo récord, muy diferente a los que sus voceros –paraguayos o brasileños– publicitan cada mes, año o en sus numerosos aniversarios.
No nos referiremos a la tasa de productividad o de producción de la hidroeléctrica paraguayo/brasileña, tampoco a los gastos que realizan sus administradores de turno, con el beneplácito de los gobiernos de turno, categóricamente extraños a la finalidad que les imponen los artículos III y I del Tratado, menos aún a las remesas –en dólares– de la entidad binacional a nuestro país por los cuatro “beneficios” que le reconoce el documento bilateral de referencia.
Hablamos de los 50 años, ¡medio siglo! de vigencia del Tratado de Itaipú, período en el que la República del Paraguay, propietario en condominio de los recursos hidráulicos del río Paraná, el agua en definitiva, el único factor irreemplazable en una obra de esta naturaleza, pudo o supo aprovechar apenas el 8% de su cuantioso caudal energético y apenas el 13,9% de esa mitad que el art. XIII del Tratado le reconoce como parte de su soberanía.
El récord de medio siglo de vigencia del Tratado, además de su carga de asimetrías favorables al Brasil, en el caso del que pretendemos ocuparnos, tiene otro significado u otra implicancia: la revisión del Anexo C –bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad– de Itaipú.
El numeral VI de este documento establece que sus disposiciones “... serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado...”, hecho que se produjo con el canje de los instrumentos de ratificación que se llevó a cabo en nuestra capital el 13 de agosto de 1973.
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