La trampa en el texto final de la sancionada ley a favor de “toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos” despeja dudas sobre la verdadera intención de la misma, que evidentemente es permitir a Petropar saltarse las normas de contrataciones públicas para comprar combustibles sin licitación a proveedores proclives a los “arreglos” bajo la mesa, como la PDVSA del régimen de Nicolás Maduro. Era ya sumamente sospechoso que “camioneros”, sindicalistas, funcionarios, gente del Gobierno y políticos ávidos de dinero en época electoral insistieran tanto en una ley que no tenía ninguna utilidad práctica para los fines que proclamaban. La única explicación era que hubiese algo detrás, algún interés oculto, con probables sobornos de por medio.
Supuestamente, el propósito era solamente liberar a proveedores extranjeros de Petropar de la exigencia establecida en la Ley 6355/19 de presentar declaraciones de bienes, rentas, activos y pasivos, así como de someterse a la fiscalización de la Contraloría, con el presunto objetivo de “eliminar intermediarios” y abaratar los precios, cuando todos en el sector perfectamente saben que eso es mayormente impracticable y que, en todo caso, apenas podría tener un efecto mínimo.
Lo que terminó aprobándose, sin embargo, fue una excepción amplia y general del cumplimiento de la Ley 2051/03, “De Contrataciones Públicas”, vale decir, de la obligación de realizar licitaciones y de rendir cuentas conforme a las normas administrativas del Estado paraguayo para la compra de combustibles por parte de la históricamente corrupta empresa estatal, que solo el año pasado importó por valor de 251 millones de dólares.
El texto original del proyecto de ley elevado a consideración del Congreso el 18 de abril de 2022 establecía en su primer y único artículo de fondo: “Exceptúase a toda persona jurídica del exterior, así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos (…) que de algún modo contrate con Petróleos Paraguayos (Petropar) (…) del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Nº 6355/2019″.
Para cuando el proyecto llegó al plenario del Senado, el 25 de abril, y al de Diputados, dos días después, con los “camioneros” amenazando con bloquear Asunción si no se aprobaba, subrepticiamente el texto pasó a ser: “Exceptúase (…) de la aplicación de la Ley Nº 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” y la Ley Nº 6355/2019″. Léase, canilla libre.
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