La ejecución del “Plan 1.000” de Itaipú, que ya adjudicó unos US$ 68 millones a varias ONG con poca transparencia, sigue generando denuncias de direccionamiento político, pues las obras solo avanzan en los municipios manejados por colorados, dejando de lado a las que son administradas por la oposición.
Siguen saltando cuestionamientos sobre los US$ 100 millones que destinará al “Plan 1.000”, de los cuales ya otorgó a varias organizaciones no gubernamentales (ONG) la ejecución de la primera etapa por unos US$ 68 millones, sin transparentar criterios de selección, tramos ni alcance de las obras.
Dichas obras, impulsadas por la administración de Justo Zacarías en convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, ya están siendo utilizadas con fines proselitistas en el marco de las elecciones municipales previstas para junio y octubre, según denuncias.
En este contexto, el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), afirmó que se están priorizando intervenciones en municipios administrados por la Asociación Nacional Republicana (ANR), mientras que comunas opositoras quedan relegadas. “Priorizan municipios colorados”, indicó esta tarde a ABC.
Los convenios del Plan 1000 de Itaipú detallan asfaltado y empedrado en varios departamentos mediante diversas ONG. Las ONG que deben ejecutar obras en Cordillera
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