Hay una especie de todos contra todos y sálvese quien pueda entre las autoridades y referentes políticos por el tema de la pandemia.
Desde el Ejecutivo minimizan las irregularidades detectadas en la compra de insumos al inicio de la cuarentena, pero de paso justifican el alto endeudamiento para seguir pagando salarios y ayudas.
Marito pide que la fiscalía y la justicia investiguen. La vocera de Sandra Quiñónez borró el Art. 290 del Código Procesal Penal, que ordena investigar de oficio cualquier hecho punible. Habría que avisar al Congreso que el Ministerio Público se atribuyó funciones que no le corresponden.
La Justicia dice que si no hay imputación, no puede actuar. Así gira la calesita y hasta ahora nadie importante está preso, conste que como mínimo G. 17.000 millones del dinero público de anticipo están bien guardados en los bolsillos de alguien.
Salud Pública recién ahora anuncia que intensificará las compras mientras miles y miles de paraguayos ya perdieron sus trabajos, se cerraron varios negocios y la recuperación es muy lenta.
Leer la nota completa en Diario ABC
