La sala penal de la Corte Suprema de Justicia sigue impidiendo, desde hace dos años, la ejecución de la condena impuesta al narcotraficante Carlos Alfredo Santander Vera, sentenciado a 20 años de cárcel en juicio oral y público. El multimillonario traficante habría pagado también por el silencio de los miembros de la sala penal de […]
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia sigue impidiendo, desde hace dos años, la ejecución de la condena impuesta al narcotraficante Carlos Alfredo Santander Vera, sentenciado a 20 años de cárcel en juicio oral y público. El multimillonario traficante habría pagado también por el silencio de los miembros de la sala penal de la máxima instancia que cajonea un recurso de casación planteado por su defensa técnica.
El sospechoso de financiar y liderar el grupo criminal fue privado de su libertad el 9 de julio de 2019, junto a su “capanga” Blas Antonio López Ocampo, por agente especializado de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que lo puso a cargo del fiscal Manuel Rojas. Este, los procesó y logró una condena de 20 años de prisión para el jefe narco. Enseguida, fue beneficiado por la sala penal, integrada por protegidos de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, para lograr sus objetivos, el condenado rebelde se habría deshecho de gruesas sumas de dinero, a juzgar por los resultados del proceso a su favor.
Así quisieron dar a entender los camaristas, Raúl Insaurralde, Nilda Estela Cáceres y Marta Acosta, que le otorgaron arresto domiciliario, mediante el auto interlocutorio nº 25 del 20 de febrero del año pasado. Su abogado defensor, José Pereira Centurión, había solicitado en su recurso medidas sustitutivas a la prisión y se sintió agraviado por el decisorio de la Cámara que no le otorgó su petitorio.
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