Este dato fue confirmado a ÚH por el propio presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz.
La violación de la ley por parte de los municipios es una práctica que ya data de hace años, sin ninguna sanción para las máximas autoridades municipales, en este caso, los intendentes.
La recaudación percibida por las municipalidades en concepto de canon deben ser transferida en un 30% a los gobiernos municipales afectados por los juegos, 30% a los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos, 30% a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), y 10% al Tesoro Nacional.
De esta exigencia es excluida el Municipio de Asunción, que debe realizar una distribución distinta de sus recaudaciones por canon. (Ver infografía).
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