MADRID/CIUDAD DE MÉXICO. Nadia evitó la muerte en varias ocasiones y consiguió una orden de alejamiento para su pareja, aunque él sigue acercándose. Lesvy no tuvo ni esa oportunidad judicial. Murió estrangulada con el cable del teléfono de una cabina pública en su universidad a los 22 años.
Casi 10.000 kilómetros separan las historias de Nadia, en España, y de Lesvy, en México. Sus tragedias tienen un origen común: una sociedad patriarcal con entramados legales e institucionales que sirven de caldo de cultivo para el maltrato y el asesinato de mujeres. En España, ante a la gravedad de sus cifras (1.102 mujeres asesinadas en la última década), existe una corriente social y política mayoritaria que intenta combatir el feminicidio. En México, donde solo en 2019 hubo 1.010 muertes conocidas, las movilizaciones son recientes y la acción política casi inexistente.
“Yo no he tenido Justicia”, dice Nadia, una marroquí de 51 años que reside en España desde hace 19. Su pareja sigue en la calle tras reiteradas denuncias de violación, intento de asesinato y abusos sexuales a sus dos hijos menores de edad. A pesar de tener una orden de alejamiento, continúa acosándola: “a veces me levanto y la cerradura está rota”.
Tampoco parece haberla en México, donde además del millar de asesinatos, se denunciaron 3.874 casos de violaciones y 5.347 incidentes de abuso sexual. “Necesitamos Justicia, no un decálogo moral, ni un llamado a misa. Políticas públicas que se apliquen y que se coordine el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, reclama la abogada mexicana Sayuri Herrera. Las alertas por violencia de género declaradas en 20 de los 32 estados mexicanos no se están implementado correctamente.
El delito de feminicidio se incorporó en el Código Penal mexicano en 2012, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara en 2009 al Estado por no investigar la desaparición y asesinato de mujeres en la norteña Ciudad Juarez.
Leer la nota completa en Diario ABC
