<p>La ministra de la Corte Suprema de Justicia y enlace de la Oficina Tecnica Penal, doctora Carolina Llanes, informo en la sesion plenaria ordinaria de este miercoles 29 de julio sobre la utilizacion del sistema de dispositivos electronicos de control en el pais. Durante su intervencion, insto a los organos jurisdiccionales competentes a considerar su aplicacion efectiva en los supuestos previstos por la ley, como herramienta de apoyo para el seguimiento de las medidas y regimenes de control dispuestos judicialmente y el monitoreo de restricciones de acercamiento en casos de violencia, conforme al marco normativo vigente.</p>
La ministra de la Corte Suprema de Justicia y enlace de la Oficina Técnica Penal, doctora Carolina Llanes, informó en la sesión plenaria ordinaria de este miércoles 29 de julio sobre la utilización del sistema de dispositivos electrónicos de control en el país. Durante su intervención, instó a los órganos jurisdiccionales competentes a considerar su aplicación efectiva en los supuestos previstos por la ley, como herramienta de apoyo para el seguimiento de las medidas y regímenes de control dispuestos judicialmente y el monitoreo de restricciones de acercamiento en casos de violencia,...
Según explicó la ministra, con base en informes recibidos del Ministerio del Interior, hasta el 30 de junio se habían utilizado 141 tobilleras electrónicas. Llanes consideró insuficiente esa cifra en relación con la cantidad de equipos con que cuenta el sistema y que, conforme manifestó, se encuentran disponibles para los órganos jurisdiccionales competentes.
Al referirse al proceso de implementación, recordó que la Corte Suprema de Justicia estableció mediante acordadas una incorporación gradual de estos mecanismos y, posteriormente, extendió su aplicación a todo el territorio nacional para los casos y regímenes contemplados en la normativa vigente.
En cuanto a su funcionamiento en situaciones de violencia, explicó que estos mecanismos permiten detectar aproximaciones que puedan implicar el incumplimiento de restricciones de acercamiento ordenadas judicialmente, mediante sistemas de seguimiento y alerta orientados a reforzar la protección de las víctimas y contribuir a la prevención de nuevos hechos.
Leer la nota completa en Corte Suprema
