De acuerdo con la sentencia de la Corte número 810 del 22 de junio del 2016, es incompatible que abogados militares interfieran en el ámbito ordinario.
Asimismo, para establecer esta sentencia, la Corte tuvo en cuenta el artículo 97 de la Ley 879/81 del “Código de Organización Judicial”, que establece que “el ejercicio de la profesión de abogado o procurador es incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Armadas y policiales en servicio activo”.
Existe mucha molestia en las FFAA por esta situación, ya que los mismos militares que ejercen de abogados y pasan gran parte del tiempo litigando en el ámbito ordinario, aparte de recibir su salario mensual como uniformados, perciben varios otros beneficios, entre ellos, por “peligrosidad” en el cargo, responsabilidad en el cargo, gastos de representación, unidad de bonificación alimenticia, fondos para la salud, bonificación familiar, grado académico, compra de uniformes militares, entre otros.
El Colegio de Abogados ya mantuvo una reunión la semana pasada con integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a quienes les expresó su incomodidad por esta situación.
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