El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción no hizo lugar a la recusación realizada por la defensa de Miguel Prieto Vallejos, contra el Juez Penal de Garantías Especializada en Delitos Económicos, del Primer Turno, Abg. Humberto Otazú, en la causa conocida como «Tía Chela». La defensa alega como motivo […]
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción no hizo lugar a la recusación realizada por la defensa de Miguel Prieto Vallejos, contra el Juez Penal de Garantías Especializada en Delitos Económicos, del Primer Turno, Abg. Humberto Otazú, en la causa conocida como «Tía Chela».
La defensa alega como motivo para pedir la separación en la causal prevista en el art. 50 inc. 13) del Código Procesal Penal, en la postura de que el citado magistrado “es compadre de la familia Zacarías, precisamente de la diputada Rocío Abed y su marido Justo Zacarías Irún, “este último es enemigo declarado de nuestro defendido que es de público conocimiento y constituyendo así una grave irregularidad procesal que genera sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez, y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación”
Para la representación “resulta evidente que la única intención es la remoción del Intendente de Ciudad del Este por medios no previstos en nuestro ordenamiento Constitucional.“”
“Actualmente se ha presentado Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución de la Cámara de Apelación de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, no quedando aún firme la competencia del juez”
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