Directivos de la Unidad Operativa de Contrataciones y de la Unidad Ejecutora del Programa de comisarías móviles brindaron una conferencia de prensa en la que justificaron por qué se gastaron G. 7 millones por cada mesa para tres comisarías móviles. Sostuvieron que miraron el precio global y eligieron la oferta más barata.
Con relación al cuestionado proceso de compra de tres comisarías móviles realizado recientemente por el Ministerio del Interior bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la cartera ministerial, Enrique Vera, y el coordinador de la Unidad Ejecutora del programa, Javier Fernández, brindaron una conferencia de prensa en la que defendieron la legalidad de la licitación y aseguraron que no hay nada irregular en ésta, pese a que, llamativamente, las mesas adquiridas cuestan G. 7 millones, una cifra muy sobrefacturada si se compara...
Javier Fernández indicó que la adquisición se hizo en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo, ya logrado, fue la adquisición de tres comisarías bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.
Luego de distintas pujas en el trámite del proceso electrónico, se presentaron tres empresas, de las cuales finalmente quedaron dos, y se adjudicó por el precio global a la más baja, aseguró el coordinador de la Unidad Ejecutora.
Pero el problema es que los funcionarios solo se guiaron por los precios globales y nunca verificaron ítem por ítem los precios de los bienes adquiridos. Como consecuencia, les terminaron facturando mesas a G. 7 millones cada una, un precio evidentemente inflado en comparación con los costos referenciales de una mesa en el mercado actual.
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