Los ministros de la Corte Suprema Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac no se cansan de prevaricar. Esta vez, el agraciado fue su correligionario Víctor Ríos, diputado nacional y rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), quien había promovido una acción de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley de Educación Superior y una resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). En el ejercicio de la facultad otorgada por esa ley, el Cones dispuso que los senadores y los diputados “no podrán ser electos, designados, nombrados o ejercer el cargo de Rector (...) de Universidades (...), mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones...”. Y bien, los complacientes ministros, junto con el camarista Carlos Escobar, suspendieron los efectos de las normas atacadas con respecto al accionante, quien venía percibiendo 70 millones de guaraníes como legislador y rector, cargo este último administrativo y no docente. Es indignante que quien preside el gobierno de una Universidad sea tan inescrupuloso como para no advertir que el mensaje que su inconducta transmite a los estudiantes es que hay que sacarle el jugo a como dé lugar al Presupuesto nacional en beneficio propio, sin tener en cuenta las incompatibilidades ni el conflicto de intereses.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac no se cansan de prevaricar. Esta vez, el agraciado fue su correligionario Víctor Ríos, diputado nacional y rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), quien había promovido una acción de inconstitucionalidad contra sendos artículos de la Ley de Educación Superior y de la Resolución Nº 191/2015 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). En el ejercicio de la facultad otorgada por esa ley, el Cones dispuso que los senadores y los diputados “no podrán ser electos, designados, nombrados o ejercer...
Y bien, los complacientes ministros, junto con el camarista Carlos Escobar, suspendieron los efectos de las normas atacadas con respecto al accionante, que venía percibiendo en total casi 70 millones de guaraníes mensuales como legislador y al mismo tiempo como rector, investigador especializado, docente y miembro del Consejo Superior Universitario de la UNP.
Víctor Ríos es rector desde 2005 y diputado desde 2008, cuando regía una disposición de la carta orgánica de la UNP que declaraba que el cargo de rector es una función docente y compatible con otro cargo público. Es claro que el rector ejerce sobre todo funciones administrativas, como son las de nombrar y remover al personal administrativo del Rectorado y a los funcionarios de las facultades, remitir a la autoridad nacional competente el presupuesto de la Universidad, elevar al Consejo Superior Universitario las cuentas de inversión del ejercicio fiscal y disponer por sí solo los pagos...
La codicia del citado político atenta no solo contra la Constitución y las leyes, sino también contra la moral pública y la formación de los jóvenes universitarios, para quienes constituye un pésimo ejemplo. Es indignante que quien preside el gobierno de una Universidad sea tan inescrupuloso como para no advertir que el mensaje que su inconducta transmite a los estudiantes es que hay que sacarle a como dé lugar el jugo al Presupuesto nacional en beneficio propio, sin tener en cuenta las incompatibilidades ni el conflicto de intereses.
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