En estos días de ebullición ciudadana, de juicios políticos pospuestos y de funcionarios públicos imputados por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, delitos económicos tradicionales y de nueva data, así como por otras ilegalidades de todo tipo, incluyendo el crimen organizado y la financiación del terrorismo local e internacional en nuestro país, debemos llevar, como ciudadanos alertas, mucho cuidado con lo siguiente:
• ILEGALIDADES. Está bien que la determinación de irregularidades e ilegalidades en el manejo de la cosa pública quede en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y del Ministerio Público en general, así como de los Tribunales Judiciales. Es decir, no al linchamiento! Pero proseguir el juzgamiento legal de ellas de modo que, sin pérdida de tiempo, sea posible la imputación de los culpables, con sanciones ejemplares que impliquen no sólo su renuncia ni sólo el despido, si se trata de funcionarios públicos en funciones, sino también severos castigos para desestimular re-incidencias....
• Está bien que Diputados y Senadores vuelvan a sus tareas constitucionales, entre las cuales la sanción de leyes para fomentar la reactivación económica, así como el combate de las ilegalidades mencionadas arriba, son apenas algunas de las grandes prioridades. Está bien así mismo que el Poder Ejecutivo retorne sus funciones constitucionales de administrar los recursos escasos, reduciendo la informalidad y la evasión tributaria, así como la corrupción y la impunidad junto con la lucha contra aquellos delitos tradicionales y sofisticados así como otras ilegalidades y crímenes. Hay que seguir...
• No estará bien que la articulación de nuevas mayorías en Cámaras de Diputados y de Senadores termine, su pretexto de evitar el doble juicio político, consolidando su frecuente rol de corporación protectora de impunidad de aquellos funcionarios públicos que se hallan imputados y en proceso de juzgamiento. La ciudadanía ya está harta del latrocinio legal y de los fraudes sofisticados que se perpetran sobre las escuálidas arcas del Estado, usurpando la recaudación tributaria aportada por contribuyentes cumplidores de sus obligaciones. En estas condiciones, se restan sustanciales recursos...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
