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MEC rescindió contrato con empresa constructora por obras inconclusas y piden intervención de la Fiscalía

MEC rescindió contrato con empresa constructora por obras inconclusas y piden intervención de la Fiscalía

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) rescindió contrato con la empresa constructora Estructura Ingeniería SA (EISA) por supuestas obras inconclusas en 79 instituciones educativas del país. En este sentido, el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) solicitó intervención por parte de la Fiscalía con una investigación penal, ya que la empresa recibió un millonario adelanto […]

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) rescindió contrato con la empresa constructora Estructura Ingeniería SA (EISA) por supuestas obras inconclusas en 79 instituciones educativas del país. En este sentido, el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) solicitó intervención por parte de la Fiscalía con una investigación penal, ya que la empresa recibió un millonario adelanto para el inicio de obras, lo cual no cumplió, según autoridades de la cartera educativa.

El MEC pagó la suma de G. 6.475.000.000 en concepto de anticipo para esta empresa. Sin embargo, la misma no concluyó ni siquiera con el 60% de las obras de ampliación en instituciones educativas de gestión pública, entre ellos aulas, sanitarios, canchas, entre otras.

Según Zoilo Benítez, coordinador de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, lo que se pretende con la incorporación de más infraestructuras es ampliar las matrículas en estas instituciones que fueron seleccionadas a través de un estudio de microplanificación, en el que se determinó la necesidad de que las instituciones sean fortalecidas, pero esto no se cumplió.

En este sentido, el Sindicato de Directores presentó una nota esta mañana a la Fiscalía General del Estado que contiene el pedido urgente de intervención e investigación penal contra la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA) por las obras inconclusas en 79 instituciones educativas a nivel país y que atentan contra la Constitución Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y otras normativas vigentes, explicó Miguel Marecos, representante del Sinadi.

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