El MEC pidió a la DNCP que levante la suspensión del llamado a licitación para impresión de materiales educativos, actualmente impugnado e interrumpido de manera temporal. Llamativamente, la cartera insiste en pagar US$ 1 millón más, tras adjudicar a las ofertas más caras.
A través de una nota fechada el pasado 19 de setiembre, el solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que dé continuidad al proceso de contratación del servicio de impresión de materiales educativos (ID 463098). El mismo fue impugnado parcialmente, tuvo numerosas críticas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y de industriales gráficos y fue suspendido por disposición de la DNCP.
Pero pese a la lluvia de cuestionamientos contra el llamado de referencia, tachado de ser excluyente para las mipymes y de tener un pliego “dibujado” para dirigir las adjudicaciones según la discrecionalidad de la convocante, la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del MEC, María José Carrillo de Lezcano, insistió en que se dé continuidad al proceso en el que la cartera adjudicó a las ofertas más caras, en detrimento de los recursos públicos.
¿Cuál fue el argumento de Carrillo? Ninguno. Al menos no esgrimió ni una sola explicación, ya sea técnica o jurídica, con relación a los puntos protestados. Simplemente se limitó a decir que responderá “dentro del plazo legal”.
La titular de UOC, que depende jerárquicamente del director general de Administración y Finanzas, Alcides Santander -también involucrado en este cuestionado proceso-, expresó la supuesta gran preocupación del MEC sobre los “niños y niñas de todo el país”.
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