(Por BR) El Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presentó los resultados del estudio “Estimación del consumo y producción de biomasa forestal con fines energéticos – Octubre 2025”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el consumo total de biomasa asciende a 6,2 millones de toneladas por año, con una fuerte presencia en el sector industrial, que representa el 57% del total. El 28,8% corresponde al uso residencial, mientras que el 14,2% se destina a la producción de carbón vegetal.
En cuanto al origen de la biomasa, el 53,6% proviene de bosques nativos, el 31,3% de plantaciones forestales y el 15% de biomasa no forestal, como residuos agrícolas y subproductos industriales. Los principales subsectores consumidores son la producción de etanol, el secado de granos, la industria azucarera, las cerámicas y olerías, y la producción de cal viva, todos con un uso intensivo tanto de biomasa forestal como no forestal.
El punto de partida fue el Decreto Nº 4056 del año 2015, que establecía la certificación de biomasa con uso energético. La medida preveía un cronograma gradual de implementación, con exigencias que irían del 30% al 100% para la industria a lo largo de cuatro años. Sin embargo, el proceso se retrasó en dos ocasiones, hasta llegar a este 2025, cuando finalmente se encuentra a las puertas de su aplicación efectiva.
“Hoy ya tenemos diseñado el plan de certificación, el software que permitirá la trazabilidad de toda la prestación forestal y la coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio del Ambiente”, explicó Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energías. “Estamos gestionando con el Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para que esta certificación pueda ponerse en marcha en breve”, aseguró.
Si bien la certificación no será obligatoria de inmediato, la exigencia se aplicará de manera progresiva. “Las industrias que utilicen biomasa deberán, gradualmente, incorporar biomasa certificada”, precisó el viceministro. Una salvedad importante: quienes cuenten con sus propios sistemas de reforestación no estarán obligados, a menos que el mercado al que se dirijan lo requiera.
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