Recién ayer el abogado querellante Rafael Fernández pudo acceder a la resolución de la exjueza de ejecución Lourdes Scura Dendi, quien había otorgado arresto domiciliario a Víctor Bogado Núñez, condenado a 14 años de cárcel por el robo a la Cajubi.
El abogado constató varias irregularidades en la decisión. Una de ellas es que la redención de la condena fue de un año y siete meses, no solo de 183 días como decía la resolución.
Otra situación llamativa es que el mismo día que la jueza resolvió el caso, 28 de enero pasado, el expediente fue remitido a Ciudad del Este, sin previamente notificar de ello a la Fiscalía y la querella, y que en horas de la noche Bogado ya se encontraba en su domicilio.
Fernández criticó duramente la decisión judicial. “Una simple jueza de Ejecución redujo la condena y ordenó la libertad camuflada en un arresto domiciliario del principal condenado a 14 años de años de cárcel”, agregó.
Afirmó que pedirá a la Corte que controle los juzgados de Ejecución “que son más poderosos que los propios ministros, que no quede impune el caso y que se anule todo para que Bogado no pueda quedar en libertad”. A su vez, requerirá que la causa sea enviada a una Fiscalía Penal para investigar si hubo o no prevaricato.
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