La Ley 3294/2015 sigue sin poder cumplirse en favor de los pobladores de Puerto Casado debido a una maraña judicial derivada de una cuestionada sentencia de cesión de tierras a empresas de maletín. Por esta razón, la Cámara de Diputados instó al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Defensa Nacional a defender los intereses nacionales, asegurar el cumplimiento irrestricto de la Ley de Seguridad Fronteriza y proteger la soberanía.
La Ley 3294/2015 sigue sin poder cumplirse en favor de los pobladores de Puerto Casado debido a una maraña judicial derivada de una cuestionada sentencia de cesión de tierras a empresas de maletín. Por esta razón, la Cámara de Diputados instó al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Defensa Nacional a defender los intereses nacionales, asegurar el cumplimiento irrestricto de la Ley de Seguridad Fronteriza y proteger la soberanía. En 2015, el Estado paraguayo aceptó la donación de tierras para que los habitantes de Puerto Casado...
Se trata de la Ley Nº 3294, que deroga la Ley Nº 2730/05 y acepta la donación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y de la firma Atenil S.A. a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Esta ley incluye tierras ubicadas en los distritos de Puerto Casado y Puerto Pinasco, en los departamentos de Alto Paraguay y Presidente Hayes, con fines de reforma agraria, y varios lotes en el casco urbano de Puerto Casado a favor de la municipalidad.
LA APARICIÓN DE UNA EMPRESA La Asociación del Espíritu Santo, con reconocimiento legal en Paraguay, adquirió las tierras y, como dueña de los títulos, celebró un contrato de arrendamiento con la firma Atenil S.A. Estas tierras, que abarcan unas 310.000 hectáreas, están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. En 2012, la Comisión de Tierras logró la "colonización de hecho" mediante una resolución del INDERT, durante el interinato del abogado Emilio Camacho, para proteger a los ocupantes ante demandas judiciales y órdenes de desalojo promovidas por Atenil S.A.
En 2012, los dirigentes de la Comisión de Tierra lograron obtener seguridad jurídica mediante el concepto de “colonización de hecho”, gracias a una resolución emitida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Esta medida se dio durante el interinato de la presidencia del abogado Emilio Camacho y buscaba proteger a los ocupantes de parcelas frente a los constantes acosos, demandas judiciales y órdenes de desalojo que eran promovidas por la firma Atenil S.A.
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