Uruguay ha vuelto a ser ejemplo para el mundo de lo que significa la separación de poderes y su trascendental importancia para la salud de una democracia y la efectiva libertad política de los ciudadanos.
Uruguay ha vuelto a ser ejemplo para el mundo de lo que significa la separación de poderes y su trascendental importancia para la salud de una democracia y la efectiva libertad política de los ciudadanos. Cuando Montesquieu elaboró su teoría de la separación de los poderes del Estado, el genio francés reconocía que con frecuencia el poder político es un peligro para la misma libertad política, porque es una experiencia eterna que “todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”. Aquí radica la razón de ser -y su más práctica justificación-...
El magistrado Alejandro Recarey, juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha cumplido con su misión de poner obstáculos a posibles abusos de poder de las autoridades, en el caso de que no hayan estudiado terapias anticovid-19 alternativas a la vacuna, antes de hacerla obligatoria como requisito para poder acceder a ciertos derechos constitucionales y civiles, o en el supuesto escenario de que el Gobierno y Pfizer hayan podido firmar un contrato de impunidad penal contrarias a la ley, sin haber acometido el debido proceso constitucional.
El ejecutivo uruguayo, a través del Ministerio de Salud Pública, y la farmacéutica Pfizer, comparecieron ayer ante el juez para aportar la documentación solicitada por el magistrado sobre la composición de las vacunas y la posible presencia de óxido de grafeno o elementos nanotecnológicos, entre otros temas requeridos. Nada de esto sucedió: el Dr. Martín Thomasset, actuando en representación del Ministerio de Salud Pública, y las Dras. Andrea Cabal y María del Carmen González, en nombre de la Presidencia de la República, no sólo no presentaron la información solicitada, sino que recusaron...
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