En una preocupante señal de retroceso en la justicia paraguaya y sentando un nefasto precedente jurídico, algunos cuestionados jueces comenzaron a permitir que procesados litiguen desde la clandestinidad, en una clara violación de las leyes del país. Entre ellos destaca la jueza penal de garantías de Alto Paraná, Cinthia Garcete, cuya reciente decisión de levantar […]
La jueza Cinthia Garcete sumó una nueva decisión aberrante al revocar la captura a una pareja de estafadores que “litigan” desde España. El camarista Raúl Insaurralde, presidente de la ASOMAP, quien permitió con una resolución al abogado Walter Acosta litigar desde la clandestinidad y levantando su captura.
En una preocupante señal de retroceso en la justicia paraguaya y sentando un nefasto precedente jurídico, algunos cuestionados jueces comenzaron a permitir que procesados litiguen desde la clandestinidad, en una clara violación de las leyes del país. Entre ellos destaca la jueza penal de garantías de Alto Paraná, Cinthia Garcete, cuya reciente decisión de levantar una orden de captura a dos procesados residentes en España generó indignación y alarma. Sin embargo, el caso está en consonancia con lo resuelto recientemente por el Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala, cuyos miembros...
A través del auto interlocutorio nº 97, Garcete extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra Julio César Martínez y Mirta Antonia Torres, acusados de una millonaria estafa. La pareja, declarada rebelde, reside en Málaga, España, y presentó su defensa a través de su abogado sin comparecer personalmente ante la justicia paraguaya. La magistrada, ignorando la obligatoriedad de la presencia de los imputados, resolvió liberarles de su condición de rebeldes, en lo que juristas consideran una acción ilegal.
Esta situación no es un hecho aislado. Siguiendo una línea similar, los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, miembros de la cuestionada Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), beneficiaron al abogado Walter Acosta, acusado de una brutal agresión a una funcionaria pública, permitiéndole litigar en la clandestinidad y revocando su orden de captura. Este precedente fue duramente criticado por expertos en Derecho, quienes advierten que esta práctica podría ser aprovechada por criminales y narcotraficantes para eludir la justicia con simples maniobras procesales.
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