La audiencia preliminar en la causa que involucra a la jueza de Paz Analía Cibils fue suspendida luego de que su defensa presentara un recurso contra la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien resolvió dividir el caso en audiencias separadas. Según los abogados de la magistrada, esta decisión carece de una justificación adecuada y va en contra del principio de unidad procesal, ya que todos los hechos están vinculados entre sí.
La audiencia preliminar en la causa que involucra a la jueza de Paz Analía Cibils fue suspendida luego de que su defensa presentara un recurso contra la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien resolvió dividir el caso en audiencias separadas. Según los abogados de la magistrada, esta decisión carece de una justificación adecuada y va en contra del principio de unidad procesal, ya que todos los hechos están vinculados entre sí. El planteamiento está siendo evaluado por la Cámara de Apelaciones, lo que mantiene paralizado el proceso hasta que se resuelva si la audiencia se realizará de...
Los abogados de la magistrada sostienen que, tratándose de un mismo hecho, la audiencia preliminar debe realizarse en un solo acto, independientemente de la posición asumida por el Ministerio Público. La Fiscalía, en su acusación, propone incluso el testimonio de algunos de los acusados como sustento probatorio contra la jueza Cibils, lo que refuerza, según la defensa, la necesidad de abordar el caso de manera conjunta.
La audiencia estaba fijada para realizarse entre el 11 y el 13 de octubre, pero fue aplazada debido al incidente planteado por la defensa, que reclama la realización de una única audiencia preliminar. La decisión final sobre si los actos procesales se realizarán en conjunto o por separado será tomada por el tribunal de alzada.
La acusación fue presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, quienes lideran la investigación de uno de los esquemas de corrupción más graves registrados en el Poder Judicial en los últimos años. Según la carpeta fiscal, una red criminal operaba desde varios juzgados de Paz de Asunción, utilizando procesos judiciales falsos para ejecutar pagarés adulterados, embargar bienes y perjudicar a ciudadanos que nunca fueron notificados ni sabían que existían juicios en su contra.
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