El Instituto de Previsión Social decidió realizar un censo de jubilados y beneficiados justamente en este tiempo de pandemia, situación que generó varias críticas. El gerente de Prestaciones, Pedro Halley, dijo que la ley exige al instituto a realizar el censo cada 2 años; sin embargo, pasaron 12 años desde el último, por lo cual […]
El Instituto de Previsión Social decidió realizar un censo de jubilados y beneficiados justamente en este tiempo de pandemia, situación que generó varias críticas.
El gerente de Prestaciones, Pedro Halley, dijo que la ley exige al instituto a realizar el censo cada 2 años; sin embargo, pasaron 12 años desde el último, por lo cual se está desde el 2008 incumpliendo la norma. Aclaró que justamente por la situación de pandemia, esto se hará a lo largo de unos 8 meses, ya que empezará este mes y se prevé su culminación aproximadamente en julio del año próximo.
Justificó la decisión afirmando que “siempre tenemos un porcentaje de pagos indebidos, no porque la gestión sea mala sino porque los sistemas de control son permeables. Hace poco detectamos que cerca de 700 muertos estaban cobrando. El certificado de vida y residencia es muy fácil de fraguar. Eso produjo mucho daño al fondo de jubilaciones”.
“Esto implica, por lo bajo, 1.900 millones de guaraníes. Era demasiado fácil engañarnos, y pasamos a un control sistémico. Ahora cruzamos datos cada mes. Levantamos unos 700 pagos a personas que se estaban haciendo. El censo es una herramienta muy importante”, añadió.
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